Crítica en Línea

Una trifulca se formó ayer en las inmediaciones de la Presidencia cuando agentes del SPI reprimieron con toletes a familiares de víctimas y pacientes del envenenamiento con la sustancia tóxica dietilenglycol.

La represión se dio a eso de las 5:30 p.m., luego que los miembros de la Asociación de Familiares y Pacientes del SIRA realizaran una protesta en los predios del Palacio Presidencial, en donde se colocó una barrera de agentes para impedir el ingreso.

La dirigente Anabel Herrera sostuvo que durante la protesta sólo se portaban pancartas y fotos de los familiares fallecidos por el envenenamiento y que solicitaban únicamente la presencia del presidente Martín Torrijos para entregarle un pliego de 10 puntos.

Herrera indicó que los agentes recibieron la orden de apalear a los protestantes y proceder con el arresto de los dirigentes, entre ellos: Gabriel Pascual, Ramsés García y otros, quienes fueron remitidos a la subestación policial de El Chorrillo.

La dirigente calificó de "bochornosa" la brutal represión y actitud criminal dirigida contra personas indefensas que portaban como armas fotos de familiares fallecidos.

El enfrentamiento se produjo en momentos que los manifestantes intentaron pasar a la fuerza el cordón de seguridad de la policía.

Desde las 3:00 de la tarde el grupo de manifestantes piqueteó pacíficamente en los predios del Parque Catedral. Un comunicado de la Presidencia destaca que los manifestantes rechazaron ser atendidos por el viceministro Dilio Arcia y prefirieron mantenerse protestando.

A varios pacientes y adultos mayores se les subió la presión, por lo que fueron traslados a centros hospitalarios. Previo a los enfrentamientos, Pascual denunció el carácter selectivo, que a su criterio, existe dentro del programa de ayuda económica humanitaria para los sobrevivientes del envenenamiento masivo.

En torno a los incidentes que se produjeron, la Secretaría de Comunicación del Estado lamentó lo sucedido y reiteró que hasta el momento el gobierno ha cumplido con su palabra empeñada en dar respuesta a los familiares y víctimas del SIRA.

Señala la Presidencia que la Oficina de Asistencia a Víctimas del SIRA ha destinado apoyo por $496,969, con cargo a la partida discrecional de la Presidencia, además de los $6 millones asignados como compensación moral y económica.

El comunicado oficial alega que Gabriel Pascual y Ramsés García golpearon a unidades del SPI, por lo que se procedió a detenerlos para formularles cargos ante las autoridades competentes, por irrespeto y agresión, pero luego se ordenó su liberación.

Varios de los afectados en los incidentes fueron trasladados hacia el Hospital Santo Tomás, donde se presentó también el personal de la Defensoría del Pueblo.

Ejecutivo pide perdón y los afectados por el SIRA piden justicia
El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, se reunió hoy con los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, afectados por la ingesta de medicamentos contaminados con dietilene glycol, y quienes fueron reprimidos ayer por unidades del Servicio de protección Institucional (SPI) mientras protestaban en los predios del palacio presidencial.

El defensor se reunió en horas de la mañana con el primer vice presidente, Rubén Arosemena, y el ministro de la presidencia, Ubaldino Real, con la finalidad de analizar los actos de violencia que se originaron ayer contra los afectados del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA).

“Lamentamos y nos disculpamos por los abusos en que hayan incurrido las fuerzas policiales”, dijo Rubén Arosemena a la salida de la reunión.

Por su parte el Ministro Ubaldino Real, señaló que el director del Servicio de Protección Institucional (SPI), será el encargado de realizar las investigaciones para determinar la responsabilidad de los involucrados en este hecho de violencia.

Los miembros del comité piden que el director del SPI sea destituido, y lo acusan de ser el responsable de la agresión a los familiares y víctimas del SIRA.

Abuso de fuerza en represión a manifestantes, afirma Defensor del Pueblo
De lamentable calificó el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, la represión a la que fueron sometidos anoche los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, afectados por la ingesta de medicamentos contaminados con dietilene glycol que fueron distribuidos por la Caja de Seguro Social.

El grupo reunido en los predios de la presidencia de la República fue reprimido por los agentes sel Servicio de Protección Institucional (SPI), en momentos en que solicitaban una cita con el presidente de la República, Martín Torrijos, para entregarle un pliego de peticiones.

“Creo que lo ocurrido amerita una investigación, ya que denota un exceso y un abuso de fuerza”, afirmó Vargas, en el noticiero matutino de Telemetro Reporta.

“Es un hecho lamentable que no coincide con la democracia en la que vivimos”, acotó.

Según dijo el funcionarios las dos personas que se encontraban detenidas fueron liberadas a media noche y todos recibieron atención médica.

Mediante un comunicado emitido por la Secretaria de Comunicación del Estado, el gobierno señala que “los manifestantes intentaron ingresar a la fuerza a los predios de la Presidencia de la República violentando las normas de seguridad aplicables a esta área, lo que obligó a las unidades del Sistema de Protección Institucional a instalar las vallas de contención y ejercer los controles necesarios para impedir su acceso”.

SPI EN LA MIRA POR ENOJOS DE LOS AFECTADOS DE LA PROTESTA:
El Gobierno designó ayer una Comisión Especial para investigar la represión que sufrieron el jueves, pacientes afectados por medicinas contaminadas con dietilenglicol, de la Caja de Seguro Social, y sus familiares, por parte de agentes del SPI.

En tanto, miembros del Comité de Familiares de Pacientes con Derecho a la Salud y la Vida se reunieron con el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, para denunciar lo sucedido y pedir la separación del jefe del SPI, José Gómez.

Afectadas con las medicinas envenenadas como Beatriz Villar e Isis Rodríguez, quienes participaron de la protesta en la Presidencia, tuvieron que ser hospitalizadas ayer.

Por su parte, la Fiscalía Especial que investiga el envenenamiento por medicamentos contaminados con dietilenglicol, reveló que han aumentado a 623 las denuncias, de las cuales 427 corresponden a personas fallecidas. Más en P-2

Estoy con los familiares de las victimas.El gobierno
no tenia porque reprimirlos de esa manera.
Ellos estan en su derecho de protestar por sus
muertos y porque todavia no hay culpables en las
carceles.
El gobierno de Martin es injusto.