La separación de José Gómez del cargo de director del Sistema de Protección Institucional (SPI), responsable de la situación que se dio el pasado jueves con los familiares de los afectados por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA), fue anunciada ayer por el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real.

Previo a la reunión que sostuvieron por más de tres horas con los afectados por los actos de violencia que se dieron en los predios de la Presidencia, Real destacó que se ordenó la separación de Gómez hasta tanto se concluyan las investigaciones que se hacen para deslindar responsabilidades.

Encabezados por su dirigente Gabriel Pascual, los miembros del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la vida, estos solicitaron en la reunión a puertas cerradas la destitución del ministro Camilo Alleyne y del director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, pero los representantes del Ejecutivo no aceptaron la sugerencia.

El gobierno se comprometió a revisar los más de 200 casos que han sido presentados ante el Ministerio Público y aseguraron que darán respuesta a los mismos antes del 30 de septiembre del presente año.

Además, continuarán con la entrega de ayuda humanitaria para los afectados y familiares de los fallecidos para que puedan afrontar problemas de primera necesidad, tales como son los gastos funerarios, medicamentos, insumos, transporte, alimentación y necesidades urgentes a raíz de haber ingerido los medicamentos envenenados.

En este renglón, de las partidas discrecionales, ya se ha entregado ayuda a 241 personas por un monto de $496 mil. Se anunció que mañana se entregarán pagos a 32 personas por la suma de un millón 504 mil dólares.


DISCULPAS
El vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, que encabezó la delegación gubernamental en la reunión desarrollada en la Defensoría del Pueblo, lamentó la situación que se dio y pidió disculpas a nombre del gobierno a las personas que fueron reprimidas por exigir sus derechos.

Denuncian al jefe del SPI

El Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida (CODASEFAVI) interpuso ayer ante la Procuraduría una querella criminal contra el jefe del Servicio de Protección Institucional, José Gómez y otros 36 integrantes del SPI.

A los agentes se le atribuyen la comisión de los delitos contra la libertad individual, lesiones personales y contra el derecho de reunión, los cuales habrían cometido hace una semana cuando reprimieron una manifestación de afectados del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA) y sus familiares.

En la querella se alega que los miembros del SPI violentaron el propio decreto que establece las normas de conductas del personal de ese servicio de la Fuerza Pública y las referentes al uso de la fuerza.