Crítica en Línea



El mandatario Martín Torrijos sancionó ayer la Ley 269 que regula el transporte público y declaró el 23 de octubre como "Día de reflexión nacional", para recordar la tragedia de hace un año cuando 18 personas murieron calcinadas en el autobús 8B-06.

La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del 23 de Octubre advirtió que "se les mantiene abandonados en materia de asistencia médica y económica".

Con las reformas, sólo podrán entrar autobuses nuevos que cuenten con especificaciones muy claras y con todas las garantías de seguridad. "Los diablos rojos serán cosa del pasado y serán sacados del sistema paulatinamente, y de una vez por todas", afirmó Torrijos.

La nueva ley establece las concesiones de rutas para reemplazar el sistema individual de cupos.

Hoy la bandera nacional será izada a media asta en los edificios públicos, nacionales y municipales, así como en los centros educativos del país.

Al presidente Torrijos, al fundirse en un fuerte abrazo con David Ramírez, dirigente de los usuarios y padre de una de las víctimas del incendio del autobús, se le salieron algunas lágrimas.

Sobrevivientes del infierno
Las llamas que consumieron las vidas de 18 personas en el autobús 8B-06 hace un año ya dejaron de arder, pero aún sigue encendido el clamor de justicia. de los 25 heridos y familiares de las víctimas.


Al cumplirse un año de la tragedia, Cesia Jiménez, una joven que perdió a su madre en el accidente, recordó lo que sucedió ese día y las palabras que su hermano de 10 años le dijera hace un año.

"¡Corre!" Fueron las últimas palabras que se recuerda que gritó Noritza Tejada de Jiménez, una panameña de más de 40 años que perdió la vida en el incendio a su pequeño hijo Juan David Tejada de 10, luego de lanzarlo por la ventana del 8B-06.

"Así salvó mi mamá la vida de mi hermanito", recordó Cesia.

A Lidia Atencio y Luis Contreras, dos de los sobrevivientes del 8B-06, su vida les cambió drásticamente ese 23 de octubre del 2006.

Lidia y Luis resultaron con quemaduras graves en todo su cuerpo, que los ha inhabilitado para trabajar y para llevar una vida normal, en vista de que con frecuencia son sometidos a tratamientos y cirugías.

Lidia Atencio, enfermera de profesión, fue pensionada con el 60% de su sueldo y esto para ella no ha sido fácil porque no puede contribuir con todos los gastos del hogar, incluyendo el pago de su casa, en el cual tiene un atraso.

"Yo tomé el bus para ir a trabajar. Ahora estoy como premiada y me quitan el 40% de mi sueldo, con ese 60% tengo que cubrir mis gastos, más los medicamentos y los pasajes al hospital".