la prensa

Los abogados de Manuel Antonio Noriega en Panamá aseguraron ayer, tras conocer que una Corte Federal de Atlanta, Estados Unidos (EU), ratificó su intención de extraditarlo a Francia para que enfrente cargos por lavado de dinero, que “esta batalla legal aún no termina”.

Julio Berrío, uno de los apoderados legales del ex dictador, dijo que Noriega “está tranquilo y mantiene en firme su decisión de retornar al país”.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal del Undécimo Circuito en materia de apelaciones rechazó ayer los alegatos de Noriega, acerca de que la Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra contemplaba que el ex líder debía tener la posibilidad de volver a Panamá, porque su sentencia por asociación delictiva para traficar drogas concluyó en septiembre de 2007.

Berrío anunció que la defensa de Noriega en EU presentará una apelación.

Desde Singapur, el ex canciller y ex dirigente de la Cruzada Civilista José Raúl Mulino dijo que esa decisión judicial es una manera indirecta de “eludir” las penas impuestas en Panamá a Noriega por crímenes horrendos.

La Cancillería panameña no expresó su posición ayer sobre este caso.

El Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta, Estados Unidos (EU), ratificó ayer un fallo en el que establece que el ex general de las desaparecidas Fuerzas de Defensa, Manuel Antonio Noriega, puede ser extraditado a Francia para enfrentar cargos por lavado de dinero, según informaron agencias de prensa internacional.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal del Undécimo Circuito en materia de apelaciones –compuesta por 12 magistrados– rechazó los alegatos de Noriega, acerca de que la Convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra contemplaba que el ex líder debía tener la posibilidad de volver a Panamá, porque su sentencia por asociación delictiva para traficar drogas concluyó en septiembre de 2007.

Batalla legal

Tras conocerse la decisión de los tres jueces de Atlanta, Julio Berrío, uno de los abogados de Noriega en Panamá, reaccionó inmediatamente señalando que “esta batalla legal es larga y aún no ha terminado”.

Berrío explicó que su cliente ya estaba preparado para esta decisión y, por tanto, los apoderados legales de Noriega en EU –Frank Rubino y Jon May– presentarán un recurso de reconsideración ante el resto de los magistrados que componen esa Corte de Apelaciones.

Una vez que los abogados de Noriega en EU sean notificados de la decisión del tribunal, entonces presentarán el nuevo recurso legal ante los restantes nueve magistrados de esa Corte, aseguró Berrío.

Cuando se presente este recurso –explicó Berrío– la decisión de extradición de Noriega a Francia quedará sin efecto hasta que se falle un nuevo recurso legal.

De hecho, ya en enero pasado, May señaló a un periodista en Miami, EU, que si el Undécimo Circuito Federal de Apelaciones negaba la apelación que el ex dictador había interpuesto para bloquear su extradición, entonces llevarían el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de EU y que, además, apelarían a Hillary Clinton, secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama.

Como el derecho estadounidense establece que toda orden judicial de extradición requiere el visto bueno del secretario de Estado antes de efectuarse, “a fin de cuentas será la secretaria de Estado quien decidirá si el general Noriega es extraditado a Francia”, dijo entonces May a los periodistas.

Según Berrío, sus colegas en EU tendrán hasta ocho días –luego de presentada la reconsideración– para formalizar y sustentar el recurso ante los magistrados.

Además, insistió en que Noriega se mantiene firme en su posición de retornar a Panamá y enfrentar la justicia en su país natal.

La voz civilista

Desde Singapur, el ex canciller José Raúl Mulino, quien figuró entre los dirigentes de la Cruzada Civilista que enfrentó en las calles al régimen de Noriega, estimó que la decisión del tribunal de Atlanta es, indirectamente, una manera de que Noriega eluda las penas que tiene en Panamá por crímenes horrendos.

“De alguna manera –indicó Mulino– es mejor estar en Francia que en La Joyita [una prisión en Panamá que rebasa la cantidad de internos]”.

Mulino dijo que guarda la esperanza de que el Gobierno panameño realice los trámites en busca de la extradición de Noriega, porque habrá una administración sin “complicidad” como ocurre en la actualidad.

No hay que olvidar, dijo, que altas figuras de la actual administración fueron estrechos colaboradores de Noriega en el último período de su dictadura.

Al respecto, el ex diplomático y profesor de derecho internacional, Pedro Sittón, estimó que la decisión del citado tribunal de apelaciones de EU demuestra “un desprecio olímpico” por la correcta aplicación de lo que dispone la Convención de Ginebra, que le dio a Noriega la categoría de prisionero de guerra.

Según Sittón, esa convención dispone que el ex general derrocado debería regresar a su país de origen.

Es, además, una muestra de la “pobre diplomacia” que se practica en esta administración panameña, que no ha brindado “la protección diplomática a un ciudadano panameño”, sostuvo.

Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener una reacción tanto de Aurelio Barría como de Mauro Zúñiga, también ex dirigentes de la Cruzada Civilista, tras conocerse la decisión de los magistrados en EU.

Camino recorrido

El ex dictador fue condenado por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico, y cumplió en septiembre de 2007 una condena de 17 años en EU, aunque sigue preso en Miami a la espera de que se defina su entrega o no a Francia.

La defensa de Noriega ha argumentado que el Gobierno francés no tratará a su cliente como prisionero de guerra.

La justicia francesa condenó a Noriega en ausencia, en 1999, a 10 años de cárcel por lavado de más de 3 millones de dólares depositados en bancos de ese país.

Sin embargo, las autoridades francesas han manifestado que una vez Noriega fuese extraditado a ese país, se llevaría a cabo un nuevo juicio.

No se pudo obtener una reacción del canciller Samuel Lewis Navarro, porque estaba en Washington, donde ayer sostuvo una reunión con la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton.

Campañas políticas reaccionan

Integrantes de diferentes partidos políticos tienen opiniones encontradas frente a la decisión de una corte de Florida sobre la extradición de Noriega. Por un lado hay quienes dicen que la decisión de que Noriega sea extraditado a Francia es correcta, y otros lamentan que el ex dictador no pague sus deudas. La candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera, dijo que lo que haga EU o Francia con Noriega es un problema de ellos.

“Dejemos que las cosas las tramiten las autoridades extranjeras”, dijo sin precisar cuál será su posición si llega a ganar. Jimmy Papadimitriu, jefe de campaña de Cambio Democrático, aseguró que hay que respetar la ley al pie de la letra y si eso fue lo que decidió un tribunal en EU, se tiene que respetar. Para Menalco Solís, de Vanguardia Moral de la Patria, es una situación lamentable porque Noriega se escapará de la justicia panameña y de la posibilidad de pagar sus deudas en este país y con la sociedad panameña.

KEMY LOO PINZÓN

20 procesos penales en Panamá

Desde su derrocamiento, en diciembre de 1989, Manuel Antonio Noriega ha tenido –en ausencia– 20 procesos penales ante distintos tribunales de justicia de Panamá. En cinco de ellos fue condenado.

De este total de casos, tres son acusaciones por homicidio, cuatro por delitos contra la libertad individual, tres por peculado y dos por encubrimiento.

También se le instruyeron expedientes por los delitos de corrupción de funcionario, contra la personalidad interna del Estado, contra la comunidad internacional y por extorsión y usurpación. Noriega, de igual forma, ha sido encausado por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General por usurpación de fondos públicos.

Los dos casos de homicidio que han sido seguidos por el Segundo Tribunal de Justicia son fallos de 1994: por el homicidio del mayor Moisés Giroldi y, el otro, en 1996, por la denominada Masacre de Albrook. En ambos fallos la condena es de 20 años de cárcel.

En 1993 hubo un tercer fallo, esa vez por el Tribunal Superior de Chiriquí, que condenó a Noriega a 15 años de prisión por el crimen del médico guerrillero Hugo Spadafora.