Crítica en Línea

El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que facilitaría el espionaje de las comunicaciones a través del internet, así como de la telefonía celular y fija, al obligar a las empresas operadoras de telecomunicaciones a registrar y conservar los datos de los usuarios hasta por 42 meses.

El Gobierno alega que la medida surge como consecuencia del auge evidente de la delincuencia organizada que utiliza los adelantos tecnológicos para lograr los fines y el desarrollo de sus prácticas.

El proyecto establece un procedimiento de suministro de datos de las llamadas entrantes y salidas que incluye a los usuarios de servicio de tarjeta prepago, que son utilizadas preferiblemente por miembros de la criminalidad organizada para encubrir o tratar de desvirtuar sus actividades delictivas. Igual control se llevará sobre las comunicaciones a través de los correos electrónicos.

La información que conserven y registren las empresas operadoras de telecomunicaciones será proporcionada al Ministerio Público, al igual que a aquellos organismos que actúan bajo su dirección así como a las autoridades jurisdiccionales, siempre que exista una autorización previa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las empresas concesionarias designarán a un personal especializado para la atención expedita de las solicitudes de datos.