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La cancelación de contratos de operación de cuatro empresas y el cierre de salas de máquinas tragamonedas de tipo “A” anunció hoy, domingo, la secretaria de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea a través de un comunicado.

Brea explicó que con esas decisiones se logrará reducir la cantidad de salas de máquinas tragamonedas y “poder brindar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño con respecto al escándalo que envuelve a los accionistas minoritarios de la empresa Gaming & Service de Panamá, S. A.”.

La fuente explicó que se cancelarán los contratos de administración y operación que mantienen las empresas Comput Bingo, S. A., Competiciones Deportistas, S. A., Lucky Games, S. A. y Silver Cup, S. A. con el Estado panameño, que fueron otorgados de forma directa y “sin haber participado en ninguna licitación pública”.

Además se cerrarán las salas de máquinas tragamonedas del tipo “A” en Penonomé, Bugaba, Changuinola y Las Tablas, que tenían la empresas Silver Cup y Lucky Games.

Mediante la renegociación de contratos con casinos, el Estado recibirá unos $18 millones y se espera que se fijen nuevas tasas para el pago de impuestos.

Brea indicó que las acciones administrativas incluyen la cancelación de los contratos de administración y operación que las empresas COMPUT BINGO, S.A., COMPETICIONES DEPORTIVAS, S.A., LUCKY GAMES, S.A., SILVER CUP, S.A., mantienen con el Estado y que fueron otorgados de forma directa, sin haber participado en ninguna licitación pública.

A partir de la fecha quedan cerradas salas de máquinas tragamonedas que operaban Penonomé, Bugaba, Changuinola, Las Tablas, propiedad de la empresas Silver Cup y Lucky Games, por considerarse que las comunidades en donde están ubicadas dichas salas no reunen las condiciones socio-económicas necesarias y desmejora las condiciones de vida de la población.

A la empresa GAMING & SERVICES DE PANAMA, S.A., se le concederá la operación de doce salas de máquinas tragamonedas tipo "A", a cambio de $12 millones a razón de un millón de balboas por cada sala.

En lo referente a la invocación de equiparaciones, se acordó que la empresa CIRSA deberá pagar al Estado la suma de $6 millones, monto que se dejó de percibir por el mal uso de las equiparaciones.

La parte final del acuerdo sostiene que GAMING & SERVICES DE PANAMA S.A., debe presentar, en un plazo no mayor de 30 días, una declaración jurada ante la JCJ certificando que la empresa española CIRSA es propietaria del 100% de las acciones y no existe ningún otro beneficiario.