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El procurador de la Administración, Óscar Ceville, solicitó a la Corte Suprema de Justicia “declarar nulo por ilegal” el proceso de contratación para la compra de 420 buses urbanos que inició la pasada administración, conocido como “Transmóvil”.

El concepto emitido por el procurador Ceville destaca que las investigaciones sobre el caso evidencian que se produjo una infracción del ordenamiento jurídico, al violarse las disposiciones legales en materia de contratación pública.

Entre las violaciones a la ley, el procurador de la Administración cita el hecho de que no se hizo efectiva la publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, la omisión del procedimiento de selección de contratista en el país, que establece el artículo 31 de la Ley 22 de 2006, y las condiciones técnicas, especiales o generales que ampararían el “estado de emergencia” utilizado como justificación.

El concepto del procurador fue remitido a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, entidad que resolvió en marzo de 2009 suspender el proyecto Transmóvil de forma temporal, mientras se decidía el fondo de la demanda.

ORIGEN DEL PROCESO

La demanda contencioso administrativa de nulidad, que provocó la suspensión del proceso, fue presentada por Eduardo Antonio Quirós, ministro de Obras Públicas durante la administración de Mireya Moscoso.

Consultado sobre el tema, Quirós expresó que, al no hacerse públicos los parámetros bajo los que el pasado gobierno decretó un estado de emergencia, se vició de ilegalidad todo el proceso.

El ex funcionario alegó que cuando la Sala Tercera de la Corte decida el fondo del caso, pedirá una investigación sobre los funcionarios involucrados en el proceso. “En Panamá no existen importantes precedentes sobre la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos por actos ilegales. Pero en este caso, impera buscar un fallo de la instancia judicial que deslinde responsabilidades”.