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Apenas cambió el gobierno y se mudó al Palacio de las Garzas Mireya Moscoso, la Junta de Control de Juegos empezó a pedir información sobre los accionistas de las empresas del sector que comenzaron a operar durante la gestión de Ernesto Pérez Balladares. La flamante gestión panameñista quería saber la identidad de los beneficiarios finales detrás de las sociedades anónimas.

Sin embargo, según documentación oficial a la que accedió La Prensa a través de la Ley de Transparencia, a medida que pasó el tiempo las nuevas autoridades dejaron de insistir. Moderaron su impulso inicial.

Quizás ese “frenazo” tenga su explicación en una solicitud que llegó a la Junta de Control de Juegos el 6 de noviembre de 2000. Ese día CIRSA Panamá, a través de la sociedad Silver Cup Gaming Inc., solicitó una concesión para operar siete salas de máquinas tragamonedas y cinco agencias de apuesta de juegos deportivos. Todas ubicadas en lugares populares del interior del país: Colón, Las Tablas, Paso Canoa, David, Changuinola, Bugaba y La Chorrera.

El Gabinete dio luz verde al pedido el 20 de febrero de 2002. La empresa de capitales españoles no pagó ni un centavo al Estado por ese contrato, a pesar de que el Ejecutivo podía exigir un abono inicial en concepto de derecho de llave.

Ese fue el único contrato para operar máquinas tragamonedas que dio el gobierno del partido Panameñista. El visto bueno permitió a CIRSA Panamá pasar de administrar 21 salas de juego a controlar 28. Todo un imperio del juego.

Al momento de recibir la concesión, CIRSA Panamá controlaba el 100% de las acciones de Silver Cup Gaming, según documentación de la Junta de Control de Juegos.

No obstante, los “socios locales” no tardaron en aparecer. El 12 de junio de 2003 CIRSA Panamá pidió autorización a la Junta de Control de Juegos para vender el 50% de las acciones de Silver Cup Gaming. La empresa, un año después de contar con la licencia para operar, cambió de manos.

El 28 de agosto de 2003 el pleno de la Junta de Control de juego aprobó la venta.

Según documentación oficial, CIRSA Panamá le vendió la mitad del paquete accionario de Silver Cup Gaming a cinco sociedades: Azarjo Corporation (10%), Horamar Finances Corp. (10%), Planeta Business Corp. (10%), Horalin Internacional Inc. (10%) y Bowler International Corp. (10%).

Cada 10% de Silver Cup Gaming se vendió en 2 mil dólares. O, mejor: CIRSA entregó el 50% de la empresa por solo 10 mil dólares. Los afortunados compradores, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recuperaron su dinero en menos de un mes. Para ser más exactos: la inversión se pagó con solo 10 días de operación de las salas de juego.

Barato, casi gratis

El entonces secretario de la Junta de Control de Juegos, Herbert Young, consultado por La Prensa, ensayó una explicación de la baja cifra en que se vendió parte de la empresa. “En todos los trámites legales en Panamá nunca se declara la verdadera inversión, eso es muy común. Y también en las transferencias de acciones, eso sucede mucho”, dijo.

Los nuevos socios del CIRSA Panamá en Silver Cup Gaming eran personas desconocidas dentro de la industria del juego. La Prensa consultó a cinco operadores del sector y ninguno logró reconocer a los flamantes propietarios.

Ni siquiera Young, que llevó adelante el trámite, los reconoce.

¿Usted como secretario de la Junta de Control de Juegos sabía a quién CIRSA Panamá le estaba vendiendo ese 50% de Silver Cup Gaming?

–No, porque en la práctica no hay un regulación que te diga: tráigame los accionistas.

A Young no le llamó la atención la venta fraccionada en cinco partes del 50% de Silver Cup Gaming. No profundizó ni pidió información adicional, una facultad discrecional del secretario de la Junta de Control de Juegos.

Lo único que hizo Young fue pedir referencias sobre los nuevos accionistas al Consejo de Seguridad Nacional, tal como lo indica el Decreto Ley No. 2 del 8 de febrero de 1998. Esa normativa obliga a los dueños de empresas de juegos a contar con experiencia e idoneidad dentro del sector.

Young pidió al Consejo de Seguridad Nacional referencias sobre los nuevos dueños de la mitad de Silver Cup Gaming. Pero, desde el organismo que manejaba en 2003 Ramiro Jarvis, solo se limitaron a contestar que las personas no tenían antecedentes delictivos. Nada más.

La experiencia de los nuevos propietarios no se pudo probar.

El actual gerente general de CIRSA Panamá, Helios Navarro, prefirió el silencio al ser contactado por La Prensa a través de su correo electrónico. Sin contestar quedó, entonces, por qué se vendió el 50% de Silver Cup Gaming a una cifra ínfima y la identidad de los beneficiarios finales.

Cuentas poco claras

Registros bancarios que fueron entregados a este diario por fuentes de entero crédito y verificados por investigaciones periodísticas permiten reconstruir parte de la ruta del dinero detrás de las cincos sociedades dueñas, cada una, del 10% de Silver Cup Gaming.

“Esas sociedades tenían nombre y apellido: todas eran de personas cercanas a Mireya Moscoso”, dijo una altísima fuente del panameñismo, que pidió el anonimato. Otras cuatro fuentes del partido consultadas coincidieron.

Parte de esas afirmaciones son respaldadas con documentación bancaria. Por lo menos tres de las cinco sociedades tienen vínculos con hombres del panameñismo. Y una de ellas, llega hasta las puertas de la actual gestión: el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Garuz, recibió sumas de dinero de la sociedad Horamar Finances Corp.

Según la documentación que se presentó a la Junta de Control de Juegos, el único accionista de esa sociedad es Luis Chow Kai, una persona sin ningún vínculo con la industria de juegos de azar. Y quien realizaba los trámites bancarios de Horamar Finances Corp. era Amado Rosales, otro fantasma dentro del sector.

En diálogo con La Prensa, Garuz reconoció que conoce a esas dos personas e incluso afirmó haber recibido dinero de Horamar Finances Corp., aunque negó cualquier nexo accionario. “No tengo vinculación con esa sociedad, solo fui contratado para asesorar a la empresa en materia de administración. Era una relación profesional, dada mi experiencia en Casinos Nacionales”, dijo.

Garuz comentó que renunció a esa asesoría el 14 de junio pasado, dos semanas antes de asumir el cargo en el gobierno de Martinelli. En el resumen de su trayectoria profesional que incluyó en la página web del Ministerio de Gobierno y Justicia no aparece su asesoría con la empresa de juegos de azar. En su hoja de vida, Garuz indica que antes de asumir el puesto público era gerente general de Hacienda Zaragoza, una empresa ganadera.

Garuz no explicó qué tipo de asesoría administrativa brindaba, más teniendo en cuenta que esa sociedad solo tenía el 10% de las acciones y toda la operación corría por cuenta de CIRSA Panamá, con experiencia en el sector.

De cualquier forma, esas cinco sociedades que tenían el 50% de Silver Cup Gaming recibían puntualmente todos los meses sus pagos de dividendos: cada una se llevaba al bolsillo 18 mil dólares un mes, 13 mil 500 dólares otro. La cifra más baja que recibieron –según documentación de la Junta de Control de Juegos– fue 9 mil dólares.

Los panameños humildes, frente a las máquinas multicolores, colaboraban con las ganancias. Según un reporte del MEF, Silver Cup Gaming tuvo ingresos brutos por 18 millones 400 mil dólares, solo durante los últimos tres años. La mitad era para CIRSA Panamá y la otra, para los socios “locales”.

Otra de las personas vinculadas con una de las cinco sociedades, era el fallecido director de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ) durante el gobierno de Moscoso, Emilio De León. Hoy su viuda recibe dinero de la sociedad Horalín Internacional Inc.

El firmante en la cuenta de esa sociedad es William Ackerman Arosemena, ex secretario de la Junta de Control de Juegos durante la presidencia de Pérez Balladares y actual asesor legal de CIRSA Panamá. Ackerman repitió a este diario los mismos argumentos que Garuz: que solo asesoraba a esa sociedad, pero no explicó porqué maneja la cuenta bancaria. “Solo soy asesor externo”, insistió.

Ackerman dijo no tener información sobre los vínculos de la sociedad con el fallecido director de la PTJ de Moscoso. Sin embargo, él firma los cheques que recibe su viuda, según documentación bancaria.

Otra de los políticos que aparece vinculado a Silver Cup Gaming, según cinco fuentes del panameñismo, es Norberto Delgado, ex titular del MEF y presidente del pleno de la Junta de Control de Juegos cuando se otorgó la concesión a Silver Cup Gaming.

Delgado negó cualquier relación con la empresa. “No tuve ni tengo relación, ni participación accionaria, con ninguna sociedad relacionada con el negocio de los casinos. Sobre Silver Cup Gaming, lo que te puedo decir es que al igual que todas las solicitudes, durante mi gestión, se tramitó siguiendo las normas vigentes de esa época”, afirmó.

Young dijo que el encargado de manejar la agenda de la Junta de Control de Juegos era precisamente Delgado, en su calidad de titular del MEF: él ponía y sacaba los temas a tratar en el pleno.

La Prensa se comunicó con la ex presidenta para conocer su versión del otorgamiento de la concesión y los nexos con personas de su entorno, pero Moscoso no contestó los llamados.

Silver Cup Gaming, administrada por CIRSA Panamá, es una de las empresas de juego a la que el gobierno de Ricardo Martinelli le cancelará la concesión.

Al igual que Lucky Games S.A., la empresa que se benefició durante el gobierno de Mireya Moscoso deberá dejar de operar una vez que la Asamblea Nacional dé luz verde al proyecto que modifica el Decreto Ley 2 de 10 de febrero de 1998, que regula el juego de azar en el país. Las modificaciones, que discute la Comisión de Hacienda, incluyen la cancelación de todas las concesiones directas que se otorgaron sin el previo pago del derecho de llave, como es el caso de Silver Cup Gaming.

Así lo indicó en diálogo con La Prensa la secretaria de la Junta de Control de Juegos, Giselle Brea.

Además de cancelar las concesiones directas, el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo a los diputados elevará el canon mensual que pagan al Estado las empresas de casinos y de salas de máquinas tragamonedas. Actualmente, las empresas pagan el 10% de sus ingresos brutos al Tesoro Nacional.

Con los cambios que impulsa el Ejecutivo, los casinos pasarán a pagar un 18% al Estado, mientras que las salas de máquinas tragamonedas abonarán un 25%.