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Los directivos de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) recibieron ayer un balde de agua fría. Mientras sustentaban en la Comisión de Hacienda de la Asamblea las razones por las cuales rechazan el proyecto de reforma fiscal, el Gobierno cancelaba la reunión entre ambos prevista para hoy y les anunciaba la intención de volver a cobrarles una tasa de 8.5% en concepto de Impuesto sobre la Renta, la cual estuvo vigente desde 1948 a 1996.

El Gobierno anunció que se mantiene firme con su proyecto de ley de ajustes fiscales y sentenció "que los empresarios de Zona Libre no entienden que no pagan impuestos".

Frente a la posición del Ejecutivo, el presidente de la Asociación de Usuarios (AU), Giovanni Ferrari, manifestó que el Gobierno pone en peligro miles de plazas de empleo que ocupan trabajadores colonenses.

Ferrari expresó que hay disposición de los empresarios en aportar al fisco cerca de $40 millones adicionales a los $62.9 millones que tributan actualmente, pero de manera progresiva y que esa suma se invierta en Colón.

La aspiración del Gobierno es que la ZLC aporte hasta $106 millones adicionales con la aprobación de la reforma fiscal en discusión, lo que generaría recursos globales directos de la ZLC por el orden de $162.9 millones aproximadamente.

Otra propuesta planteada por la AU y algunos diputados perredistas de la provincia de Colón fue la creación de un fideicomiso que se alimentaría con la recaudación extraordinaria planteada en la reforma y que el dinero se destine a inversiones sociales exclusivamente en la provincia de Colón.

En síntesis, la AU accedería a que se aumenten los alquileres, pero no les cuadra que les cobren el impuesto en aviso de operación (licencia comercial) y el impuesto de dividendos para los accionistas.

"Lo que el Gobierno nos pide que aportemos es una cifra muy alta ($106 millones), tomando en cuenta que el Estado se basa sobre una premisa irreal de ganancias de $1, 600 millones anuales", expresó.

Ferrrari manifestó que dentro del proyecto de ley el Gobierno plantea cobros de nuevas tasas bajo una equiparación de todas las empresas que operan en la ZLC, sin analizar el factor de riesgo contra las pequeñas empresas.

Las diferencias entre los Usuarios de la Zona Libre de Colón y el Ejecutivo se recrudecieron ante los anuncios publicitarios que ambos grupos mantienen en los medios de comunicación social con la versión de cada uno, entorno a su posición del pago de nuevos impuestos.

VARELA: TIEMPO DE FAVORES POLITICOS SE ACABO
Mientras, el vicepresidente, Juan Carlos Varela, manifestó que los Usuarios de la Zona Libre tienen que contribuir con el desarrollo socio-económico del país, y en especial de Colón. No es justo que lo asalariados tengan que cargar con el país, mientras el resto no cumple con el pago de sus impuestos.

"Queremos decirles a los empresarios de la Zona Libre que la época en que conseguían terrenos mediante favores políticos se acabó, porque todo va ir a licitación pública", advirtió Varela.

En tanto, el viceministro de Economía, Frank De Lima, reiteró que el Gobierno quiere que la Zona Libre aporte $100 millones más de los $62 millones que da anualmente, porque su contribución al Estado es pequeña en comparación con el reporte de sus ganancias.

Explicó que no se está tocando el negocio de importación-exportación, sino que estas empresas relacionadas que operan y no pagan la tasa de operación, que pagan todas las demás empresas en Panamá la paguen.