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Vítores y aplausos recibieron ayer al llegar a la capital, los 150 indígenas que durante 19 días marcharon 370 kilómetros desde San Félix al distrito de Panamá. El punto culminante de la jornada fue su ingreso a la Asamblea Nacional de Diputados, donde fueron acompañados por cerca de mil simpatizantes.

A pesar de que sus rostros reflejaban el cansancio, los indígenas mostraban decisión y paso firme al llegar pasadas las 3:00 p.m. al mirador del puente de Las Américas, donde hasta ensayaron algunas de sus danzas.

Enarbolando la bandera panameña y la bandera del pueblo Ngöbe, los organizadores de esta caminata, Celio Guerra y Alberto Montezuma, liderizaban la caminata. La manifestación coincidió con el 50 aniversario de la Marcha del Hambre y la Desesperación organizada por los colonenses en 1959.

La dirigencia Ngöbe denunció que están siendo afectados por las concesiones mineras, proyectos hidroeléctricos y desarrollos turísticos.

Al llegar a la Asamblea, los indígenas fueron recibidos por la diputada de la comarca Ngöbe Buglé, Crescencia Prado, y el ministro Guillermo Ferrufino.

En la Asamblea se les otorgó cortesía de sala, donde exigieron la derogación de todos los contratos de concesión que provocan expropiación de tierras y desalojos masivos de comunidades por parte de empresas trasnacionales.

El grupo de manifestantes señaló que las empresas transnacionales a las que se les adjudican dichos contratos mineros e hidroeléctricos ignoran las leyes comarcales y devastan la vegetación y la riqueza natural de las tierras que ocupan hace 500 años.

PLIEGO DE PETICIONES

• Derogación del contrato de concesión en cerro Petaquilla y cerro Chorcha.
• Derogación de la resolución de concesión minera en cerro Colorado, cerro Pelado, cerro Quema y cerro Tolica.
• Paralización de los proyectos de represa en río Fonseca, río Guaribiara, El Norteño y río Cobre y de todos los que originan desalojos forzados.
• Eliminación de concesiones de turismo residencial que afectan la cultura de las comunidades indígenas.
• Anulación de los contratos para la instalación de 54 torres eólicas.
• Indemnización de las personas desalojadas producto de la puesta en ejecución de los actuales proyectos mineros e hidroeléctricos.
• Cese de hostigamiento de terratenientes y de capataces de empresas transnacionales contra campesinos e indígenas que rechazan sus métodos de destrucción del medioambiente.